El enfoque de derechos humanos como metodología(s) de decisión

septiembre 4, 2013 § Deja un comentario

El aparentemente sencillo y doméstico caso del barrido en la vía pública, mostró una buena cantidad de cuestiones. La primera, es la presencia de desacuerdos. Otra, es la diferente forma de abordar el problema -aun compartiendo la misma posición.

La existencia de desacuerdos, es muy frecuente cuando se trata de resolver cuestiones de DDHH, y, cuando de definir si una norma general los viola, podría decirse que es la regla. Muy probablemente una indagación de las decisiones que en la Suprema Corte se toman sobre inconstitucionalidad de leyes, mostraría que las más de las veces se deciden en votación dividida.

Por tanto, la respuesta de qué es un derecho humano y cuándo se viola no suele ser tener respuestas fáciles y unánimes. Hay desacuerdos y cuando de decidir se trata, esto se llama contexto de incertidumbre.

Recientemente la Corte abordó en diversas sesiones cuestiones tales como si las colisiones entre normas constitucionales y los derechos humanos de fuente internacional debería resolverse atendiendo a criterios de jerarquía (p. e. si las normas de fuente constitucional, prevalecían sobre las de fuente internacional), o bien, atendiendo al principio pro-persona, loo que llevaría a determinar en cada caso, la “mayor protección” a la persona como criterio para determinar la preponderancia. La discusión volvió a mostrar los desacuerdos, así como sus acompañantes: las técnicas y los aparatos críticos con los que se abordaba y resolvía el entuerto.

Tanto el pequeño ejercicio hecho en este blog, como la discusión en la Corte tienen algo en común: que las cuestiones de fondo son decididas según el tipo de técnicas, convicciones, creencias, ideologías de quienes discuten o deciden.  Así pues, el examen de cómo se discuten o deciden las cuestiones de DDHH, puede verse también como una metodología, o mejor dicho metodologías para la decisión.

No es raro encontrar en el debate el uso de calificativos como garantista, antigarantista, progresista, conservador, kelseniano, activista, neoconstitucionalista, etc. uso el término “calificativo”, porque en el debate, tales términos exceden su función descriptiva o categorizadora de una determinada forma de pensar, y se emplean para calificar o descalificar posiciones. Dada la influencia en ciertos círculos académicos o en el gremio, alguien “garantista”, suele tener mejor recepción que uno “antigarantista”. La seducción por el empleo de calificativos es alentada también por la emotividad que acompaña o aflora cuando los casos que se resuelven son dramas sociales o personales (aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, etc.). 

En tal panorama, me parece que es necesario el esfuerzo por analizar, en las siguientes colaboraciones, algunas de las cuestiones más frecuentes en los debates sobre derechos humanos, como metodologías de decisión. 

Sobre la constitucionalidad de barrer la vía pública. Resultados de la encuesta y otra pregunta

diciembre 7, 2012 § 7 comentarios

La pregunta de si la disposición del Reglamento de Limpia es constitucional o inconstitucional recibió, por distintos medios, 36 respuestas. De éstas, 16 opinaron que es inconstitucional, 10 por la constitucionalidad y 5 no tuvieron posición.

Además de lo interesante del resultado, más lo son las razones detrás de las posiciones:

De la inconstitucionalidad

 Quienes se orientaron por esta posición consideraron que viola la libertad de trabajo, o bien que es una obligación del municipio como responsable del servicio público (Arturo Sandoval, Manuel Chávez Ángeles, Alex Sánchez, Cuauhtémoc de Dienhem), que corresponde a la administración pues es parte de sus obligaciones al percibir impuestos (Elisa Longo), debería tener una sanción social pero no jurídica (Susana Peláez), viola la reserva de ley (Darío Ángeles, Mabe Rodríguez), el traslado de la carga al ciudadano no es necesaria ni proporcional(Aarón Segura y Carlos Cicerón). María José V. y Natalia Calero, apoyan esta posición.

De la constitucionalidad

 En sentido contrario, las consideraciones son : se trata de una prestación personal aceptable (Parejo, Azuela), crea comunidad (Daniela Hernández), no es un trabajo comunitario impuesto como sanción (Marcela Victoria), es una actividad que protege el medio ambiente y es proporcional (Priscila C.).

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Para Alexy sería inconstitucional

noviembre 29, 2012 § 1 comentario

Aarón Segura

El tratamiento legislativo como norma que obliga a realizar la acción “barrer” es inconstitucional, pues ello no implica necesaria ni causalmente la consecución de un fin legítimo, como pudiera ser el mantener en un estado higiénico el espacio público que colinda con la propiedad privada; vaya, puedo barrer e igual dejar un mugrero de basura (mira que yo en lo particular soy malísimo barriendo).
En términos de Alexy, no satisface el test de adeuación.
Lo anterior es razón suficiente para sustentar en este caso concreto la inconstitucionalidad de la medida, pues haría estéril el debate sobre la posibilidad del municipio de trasladar la consecución del fin constitucional a los particulares, sin demeritar, por supuesto el interés e importancia académica del debate sobre esa cuestión.

Es constitucional, crea comunidad

noviembre 29, 2012 § Deja un comentario

Daniela Hernández Chong

Coincido en lo sustancial con la opinión de Priscila. Se justifica la razón de intervención en la libertad en las actividades cotidianas (hasta antes de las 9:30 horas) con la imposición de una actividad que busca la limpieza urbana. A diferencia de Priscila, me parece que los derechos en juego son, por una parte libertad (derecho individual), y por otra, (si vale la expresión) derecho a una ciudad limpia (derecho colectivo)-que conlleva a garantizar otros derechos, como el derecho a la protección a la salud.

He pensado sobre algunos efectos sociales que tendría la norma. El principal, me parece, está relacionado con formar comunidad, de contribuir con ciertas actividades al mejoramiento de la ciudad. Dada la falta de cultura comunitaria posiblemente una norma obligatoria sea necesaria en un primer estadío, pero si funciona, se podría prescindir de ella en un largo plazo.

También he pensado en que la norma generaría esquemas sociales distintos. Se puede pensar, por ejemplo, que ciertos hogares que pagan servicio doméstico, les relegarían la obligación a ellos. La clase media -pienso en mi caso y el de mis vecinos- por cuestiones de preferencia u horario podríamos organizarnos para pagar a una persona que lo hiciera, o turnarnos la actividad.

Quise pensar en otra actividad que nos imponga el Estado a realizar de forma diaria, antes de cierta hora, pero no llegué a encontrar un ejemplo. Tal vez no existe, o tal vez ya está tan introyectada que ha pasado a ser invisible…

Es inconstitucional, no es proporcional

noviembre 29, 2012 § Deja un comentario

Carlos Cicerón

Me parece que la disposición, al aplicarse la sanción, devendría inconstitucional, en tanto que no parece ajustarse a los principios de proporcionalidad y equidad (me remito al articulo 22 en este caso). De la redacción, no parece que la norma contemple excepciones o exclusiones que surgen por obvias y diferentes razones. Por otro lado, comparto la opinión de que, si bien en el fondo, parecería que la sanción cumpliría con tutelar una función administrativa y con un objetivo legitimo de acuerdo con el orden publico (en términos de Juárez Tavares), lo cierto es que no parece una medida absolutamente necesaria en una sociedad democrática, en donde la prestación de los servicios públicos, como la limpieza, corresponde efectuarlos al propio Estado, incluyéndolo como parte del gasto publico y las obligaciones correspondientes (articulo 31 fracción IV). En este sentido, parece haber formas menos gravosas de mantener la limpieza y la imagen publica, mas allá de sancionar (aunque sea administrativamente) a los particulares. Ahora bien, considero que esto es así, en tanto que parece una norma inflexible en principio, por lo que, si su redacción cambiara, quizá se salvaría su constitucionalidad (p. Ej. Si en lugar de establecer un horario especifico, se estableciera un sistema de amonestaciones previo que culminaran con una multa). Sigo al pendiente de las opiniones.

El 5o. Constitucional no es aplicable

noviembre 29, 2012 § 1 comentario

Antonio Azuela

El artículo quinto no es aplicable, porque los vecinos no tienen que barrer la calle personalmente, debe entenderse que tienen que ocuparse de que “se barra”. Me parece que en ese sentido la obligación de barrer es equiparable a una obligación fiscal, pero expresada del modo más práctico y directo. Tiene que ser pensada en términos de orden público y no de derechos humanos. No me imagino a un canadiense o a un polaco litigando contra el gobierno porque le obliga a quitar la nieve del frente de su casa…. ¿no deberíamos ocuparnos de los grandes conflictos sociales que suscitan los procesos de urbanización? (como por ejemplo ¿qué hacer con la basura que se acumula en las calles cuando nadie quiere un basurero cerca de su casa?)

Es inconstitucional, viola la libertad de trabajo

noviembre 29, 2012 § Deja un comentario

Noel Pérez

Considero que es inconstitucional; el artículo 5 de la Constitución Federal establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo los que sean impuestos como pena por las autoridades judiciales, y que en materia de servicios públicos (en caso de que se quiera ver como tal, que tampoco lo es) sólo pueden ser obligatorios el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta.