Crónicas de la reforma energética (II) La “técnica” constitucional

enero 5, 2014 § 1 comentario

 

Quiero detenerme en cuestiones de técnica constitucional.

Se reforman siete párrafos de tres artículos. Y son veintiún transitorios. Carbonell anota que  se crea una “Constitución transitoria” (ver aquí), Valadés le llama la “Constitución desfigurada” (Ver aquí) al resultado de la técnica constitucional empleada, no sólo por contener seudotransitorios, sino porque contienen “engaño y ocultamiento.” Diego agrega que de 6900 palabras 6000 corresponden a los transitorios. « Leer el resto de esta entrada »

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Reforma energética (I). Constitución, mercado y desarrollo

diciembre 23, 2013 § Deja un comentario

La reforma constitucional, el fin del monopolio  estatal en la explotación ¿y ahora?

El petróleo, los demás hidrocarburos y el servicio de energía eléctrica, han sido modificados sustancialmente por la reforma publicada en el Diario Oficial el 20 de diciembre pasado (ver aquí). Bien vale pasarla por la crítica.

Empecemos por el petróleo…

 La reforma pone fin al monopolio estatal en la explotación del petróleo. Concluye también la configuración constitucional que data del 82, luego de que — tras la crisis al final del gobierno de López Portillo–, con la paternidad de De la Madrid se rearmó la nueva relación Estado/mercado. « Leer el resto de esta entrada »

Sobre el derecho de réplica de Laura Bozzo

octubre 1, 2013 § 3 comentarios

La petición que la conductora Laura Bozzo ha dirigido a MVS para que formule su réplica ante lo expresado por Carmen Aristegui, es un interesante caso ante el vacío de legislación reglamentaria del derecho constitucional de réplica.

 El texto constitucional es escueto:

 Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

 El derecho de réplica existe, pero el reenvío cae en el vacío ante la omisión legislativa (las previsiones de la Ley de Imprenta son insuficientes).

 Así las cosas, la cuestión por demás interesante es cómo dotar de contenido a tal derecho y  cuáles son las condiciones de su ejercicio y de su garantía.

 Los precedentes jurisdiccionales son escasos (el IUS reporta tres casos con la voz “derecho de réplica”, sólo uno de los cuales es pertinente) y no dan mayor luz al respecto. En el Tribunal Electoral se encuentra una mayor actividad, destacando el caso Picasso Barroel [1]en el cual se ordenó al IFE aplicar el procedimiento especial sancionador para tutelarlo.

 Los referentes para configurar tal derecho y sus garantías son más ricos al revisar el derecho comparado y algunas sentencias y opiniones consultivas en el marco del Sistema Interamericano de derechos humanos.

 ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la réplica?

 a) El acto generador

 Una primera distinción relevante es entre “información” y “opinión”. Si la primera es falsa, errónea, inexacta o incompletas se configura una circunstancia o condición que causa o genera una afectación o agravio a la persona .  Los elementos de “inexactas y agraviantes” que produzcan perjuicio, están recogidos en el artículo 14.1. de la Convención Americana de DDHH. La información es contrastable contra otra información.

 En el caso de opiniones el parámetro es distinto, se está ante juicios subjetivos del formulante en el que hay pensamiento crítico.[2]

 b) Lo tutelado en la réplica

 Al respecto se distinguen dos aspectos: el concerniente al afectado o perjudicado, sea en su intimidad, honra, reputación, así como a su expresión y pensamiento; un segundo aspecto va más allá del afectado personalmente e involucra el derecho a la información de las audiencias, “del público en general”, dice Gross Espiell en un voto en la Corte Interamericana:

 “En su dimensión individual, el derecho de rectificación o respuesta garantiza al afectado por una información inexacta o agraviante la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esa información emitida en su perjuicio. En su dimensión social, la rectificación o respuesta permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior, inexacta o agraviante.”[3]

 c) La equidad o el equilibrio

 La posibilidad de réplica, rectificación o respuesta, permite el equilibrio en la información. Lo anterior, supone una relación en la cual quien genera el acto se encuentra en una posición de ventaja sobre el afectado, al poder acceder a un medio de comunicación. De esta suerte, el acceso obligatorio, gratuito y en las mismas condiciones en las que se emitió el acto generador, hace posible la equidad.

Peculiaridades del caso

 Las circunstancias en las que se da el caso son de lo más interesantes y su consideración es esencial para valorar el posible derecho de réplica.

 En primer término debe tenerse en cuenta que quienes se encuentran involucradas son personas que con motivo de su trabajo en medios electrónicos desarrollan funciones periodísticas y de espectáculos. La ocupación es relevante para determinar lo que podría ser un estándar respecto a las críticas o los juicios que a tales personas se formulan en el desempeño de sus actividades profesionales.

 Para explicar lo anterior, puede ser útil la analogía con los referentes en materia de libertad de expresión. Cuando se trata de personajes públicos o de políticos, se suelen emplear criterios de “escrutinio estricto” o de la necesidad de un debate “robusto”  para justificar un tratamiento distinto respecto de quienes no se encuentran en tal posición. Que sean sometidos a una crítica más fuerte se considera razonable.

 Otro de los aspectos involucrados en el caso, es que en los hechos se presentan cuestiones relacionadas con el posible uso de recursos públicos así como que Laura Bozzo se ostentó públicamente con un uniforme perteneciente a un cuerpo de rescate. Lo anterior, le da un agregado que va más allá de un asunto entre privados. Se está ante una cuestión de interés público. La notoriedad fue buscada deliberadamente y la crítica es una consecuencia esperada.

 Finalmente, habrá que preguntarse si se presenta una situación de inequidad o desequilibrio entre las partes.  Ambas tienen acceso a medios electrónicos,  a micrófonos y pantalla, y han hecho uso  de ellos para establecer su posición. Si esto es así, la finalidad de la réplica se relativiza ya que es cuestionable que exista inequidad o desequilibrio a reestablecer.

 


[2] Véase al respecto Rosas M., A. “ ¿Derecho de rectificación, derecho de respuesta o derecho de réplica?” localizable en http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInformacion/18/art/art3.pdf

[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC 7/86 de 29 de agosto de 1986

 

El enfoque de derechos humanos como metodología(s) de decisión

septiembre 4, 2013 § Deja un comentario

El aparentemente sencillo y doméstico caso del barrido en la vía pública, mostró una buena cantidad de cuestiones. La primera, es la presencia de desacuerdos. Otra, es la diferente forma de abordar el problema -aun compartiendo la misma posición.

La existencia de desacuerdos, es muy frecuente cuando se trata de resolver cuestiones de DDHH, y, cuando de definir si una norma general los viola, podría decirse que es la regla. Muy probablemente una indagación de las decisiones que en la Suprema Corte se toman sobre inconstitucionalidad de leyes, mostraría que las más de las veces se deciden en votación dividida.

Por tanto, la respuesta de qué es un derecho humano y cuándo se viola no suele ser tener respuestas fáciles y unánimes. Hay desacuerdos y cuando de decidir se trata, esto se llama contexto de incertidumbre.

Recientemente la Corte abordó en diversas sesiones cuestiones tales como si las colisiones entre normas constitucionales y los derechos humanos de fuente internacional debería resolverse atendiendo a criterios de jerarquía (p. e. si las normas de fuente constitucional, prevalecían sobre las de fuente internacional), o bien, atendiendo al principio pro-persona, loo que llevaría a determinar en cada caso, la “mayor protección” a la persona como criterio para determinar la preponderancia. La discusión volvió a mostrar los desacuerdos, así como sus acompañantes: las técnicas y los aparatos críticos con los que se abordaba y resolvía el entuerto.

Tanto el pequeño ejercicio hecho en este blog, como la discusión en la Corte tienen algo en común: que las cuestiones de fondo son decididas según el tipo de técnicas, convicciones, creencias, ideologías de quienes discuten o deciden.  Así pues, el examen de cómo se discuten o deciden las cuestiones de DDHH, puede verse también como una metodología, o mejor dicho metodologías para la decisión.

No es raro encontrar en el debate el uso de calificativos como garantista, antigarantista, progresista, conservador, kelseniano, activista, neoconstitucionalista, etc. uso el término “calificativo”, porque en el debate, tales términos exceden su función descriptiva o categorizadora de una determinada forma de pensar, y se emplean para calificar o descalificar posiciones. Dada la influencia en ciertos círculos académicos o en el gremio, alguien “garantista”, suele tener mejor recepción que uno “antigarantista”. La seducción por el empleo de calificativos es alentada también por la emotividad que acompaña o aflora cuando los casos que se resuelven son dramas sociales o personales (aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, etc.). 

En tal panorama, me parece que es necesario el esfuerzo por analizar, en las siguientes colaboraciones, algunas de las cuestiones más frecuentes en los debates sobre derechos humanos, como metodologías de decisión. 

Sobre la constitucionalidad de barrer la vía pública. Resultados de la encuesta y otra pregunta

diciembre 7, 2012 § 7 comentarios

La pregunta de si la disposición del Reglamento de Limpia es constitucional o inconstitucional recibió, por distintos medios, 36 respuestas. De éstas, 16 opinaron que es inconstitucional, 10 por la constitucionalidad y 5 no tuvieron posición.

Además de lo interesante del resultado, más lo son las razones detrás de las posiciones:

De la inconstitucionalidad

 Quienes se orientaron por esta posición consideraron que viola la libertad de trabajo, o bien que es una obligación del municipio como responsable del servicio público (Arturo Sandoval, Manuel Chávez Ángeles, Alex Sánchez, Cuauhtémoc de Dienhem), que corresponde a la administración pues es parte de sus obligaciones al percibir impuestos (Elisa Longo), debería tener una sanción social pero no jurídica (Susana Peláez), viola la reserva de ley (Darío Ángeles, Mabe Rodríguez), el traslado de la carga al ciudadano no es necesaria ni proporcional(Aarón Segura y Carlos Cicerón). María José V. y Natalia Calero, apoyan esta posición.

De la constitucionalidad

 En sentido contrario, las consideraciones son : se trata de una prestación personal aceptable (Parejo, Azuela), crea comunidad (Daniela Hernández), no es un trabajo comunitario impuesto como sanción (Marcela Victoria), es una actividad que protege el medio ambiente y es proporcional (Priscila C.).

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Para Alexy sería inconstitucional

noviembre 29, 2012 § 1 comentario

Aarón Segura

El tratamiento legislativo como norma que obliga a realizar la acción “barrer” es inconstitucional, pues ello no implica necesaria ni causalmente la consecución de un fin legítimo, como pudiera ser el mantener en un estado higiénico el espacio público que colinda con la propiedad privada; vaya, puedo barrer e igual dejar un mugrero de basura (mira que yo en lo particular soy malísimo barriendo).
En términos de Alexy, no satisface el test de adeuación.
Lo anterior es razón suficiente para sustentar en este caso concreto la inconstitucionalidad de la medida, pues haría estéril el debate sobre la posibilidad del municipio de trasladar la consecución del fin constitucional a los particulares, sin demeritar, por supuesto el interés e importancia académica del debate sobre esa cuestión.

Es constitucional, crea comunidad

noviembre 29, 2012 § Deja un comentario

Daniela Hernández Chong

Coincido en lo sustancial con la opinión de Priscila. Se justifica la razón de intervención en la libertad en las actividades cotidianas (hasta antes de las 9:30 horas) con la imposición de una actividad que busca la limpieza urbana. A diferencia de Priscila, me parece que los derechos en juego son, por una parte libertad (derecho individual), y por otra, (si vale la expresión) derecho a una ciudad limpia (derecho colectivo)-que conlleva a garantizar otros derechos, como el derecho a la protección a la salud.

He pensado sobre algunos efectos sociales que tendría la norma. El principal, me parece, está relacionado con formar comunidad, de contribuir con ciertas actividades al mejoramiento de la ciudad. Dada la falta de cultura comunitaria posiblemente una norma obligatoria sea necesaria en un primer estadío, pero si funciona, se podría prescindir de ella en un largo plazo.

También he pensado en que la norma generaría esquemas sociales distintos. Se puede pensar, por ejemplo, que ciertos hogares que pagan servicio doméstico, les relegarían la obligación a ellos. La clase media -pienso en mi caso y el de mis vecinos- por cuestiones de preferencia u horario podríamos organizarnos para pagar a una persona que lo hiciera, o turnarnos la actividad.

Quise pensar en otra actividad que nos imponga el Estado a realizar de forma diaria, antes de cierta hora, pero no llegué a encontrar un ejemplo. Tal vez no existe, o tal vez ya está tan introyectada que ha pasado a ser invisible…