FOTO MULTAS ¿DEBE PAGAR EL DUEÑO?

julio 5, 2017 § Deja un comentario

Rebasar los límites de velocidad equivale a una infracción de tránsito. La multa es la consecuencia. La tecnología permite captar si el vehículo rebasa la velocidad permitida y también proporciona imágenes de la placa o de quien conduce. Si el dueño conduce es responsable de pagar la multa. Pero si el propietario no conduce ¿está obligado a pagar la infracción?

Esta cuestión se planteó recientemente y un Tribunal Colegiado resolvió que no.
¿Por qué? Aquí las razones:

FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA. LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y 58 DE SU REGLAMENTO, CONFORME A LOS CUALES LA SANCIÓN SE IMPONE AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO Y NO AL CONDUCTOR, QUIEN ES EL QUE COMETE LA CONDUCTA INFRACTORA, SON INCONSTITUCIONALES.

De los artículos mencionados se desprende que, tratándose de conductas infractoras captadas por cualquier dispositivo o medio tecnológico (fotomultas), las actas que se emitan contendrán el nombre y domicilio del propietario del vehículo (exclusivamente se dirigen a éste), a quien serán notificadas, el cual será, en todo caso, responsable solidario para efectos del cobro de la infracción, lo que es suficiente para estimar que la sanción se impone a aquél y no al conductor; máxime que ni siquiera existe previsión alguna tendente a indagar la identidad de este último. Así, a pesar de que el conductor es quien comete la conducta infractora y es, por ello, quien resulta responsable del actuar antijurídico, sobre todo tomando en cuenta que la normativa no impone obligación alguna al propietario, la imposición de la sanción se hace a una diversa persona (inclusive de manera inmediata), atribuyéndole un supuesto carácter de responsable solidario para efectos del cobro. De tal forma, si acorde con la garantía constitucional de legalidad en materia penal, prevista en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en relación con el principio de culpabilidad, la responsabilidad se debe limitar a los autores y partícipes del hecho ilícito, cortapisa que resulta acorde con la naturaleza del derecho administrativo sancionador, inclusive tratándose de los responsables solidarios, los preceptos legal y reglamentario aludidos son inconstitucionales.
En síntesis, la decisión nos dice:

a) Que quien conduce es el que comete el ilícito y, por tanto, sólo él debe pagar.
b) Que el dueño no debe pagar ya que no es culpable.
c) Que eso es así porque así es en el derecho penal y que así debe ser en el derecho administrativo.

Me propongo discutir tales razones:

Las objeciones a la decisión del Colegiado tienen un primer motivo: la metodología de su decisión; y que se liga con otro: la cuestión de fondo atendiendo a las relaciones jurídicas que se regulan en el derecho administrativo.

¿Cómo se decide?

El Tribunal toma como eje de su decisión a la “culpabilidad” como el concepto clave. Éste es un concepto propio del derecho penal y ha sido extensamente tratado por su teoría como por la jurisprudencia. En la decisión comentada, se está ante un método por el que tal concepto se “traslada” del derecho penal al derecho administrativo. Esto es, su aplicación “se pasa” de los delitos a las infracciones administrativas.

Hay en lo anterior una buena dosis de un razonamiento basado en el principio de autoridad. Esto es, como es generalmente aceptado que las sanciones administrativas son parte del “derecho de castigar” que el Estado tiene, por tanto, le son aplicables los “principios” del derecho penal. En el paso, hay un detalle y en el detalle está lo interesante: el derecho administrativo no es derecho penal, ni la infracción administrativa es un delito. Un buen “principio” no es necesariamente un buen “final”.

Los principios son eso: apreciaciones iniciales (prima facie, dirían los enterados), pero como todo, apreciaciones que pueden — en el detalle, en la profundización, en el mayor conocimiento de la cuestión– ser confirmadas, corregidas, o modificadas.

El método de aproximación a la cuestión jurídica que emplea el Tribunal es conceptual y formal: si la norma señala como obligado solidario al propietario, pero el propietario no es culpable, por tanto …

Con lo anterior, el razonamiento omite examinar la materia, las relaciones jurídicas; en fin, la racionalidad de las infracciones administrativas en atención a su propósito regulatorio. En la decisión hay ratio penal, sin analizar la ratio administrativa.

¿Cuál es la razón de las infracciones administrativas?

Que se considere infracción rebasar ciertos límites de velocidad tiene una razón. En general, una buena regulación del tránsito (no digo con esto que la de Puebla lo sea) supone que los límites de velocidad tienen un propósito, por ejemplo, que el tránsito sea ordenado o que se prevengan accidentes. Hay una relación directa entre exceso de velocidad y aumento en el riesgo de daños a personas o bienes. A mayor velocidad aumenta la probabilidad de daños. No resulta irrazonable una medida que limite la velocidad y que sancione administrativamente a quien la rebase. Hay un propósito de interés general: disminuir el riesgo, proteger a los terceros, incluso proteger a los conductores. El límite de velocidad y la buena señalización proporciona también información sobre el estándar de diligencia (esto es, los deberes de cuidado) del conductor, hacia terceros, hacia sí mismo, así como para conocer cuándo la conducta es ilícita y, consecuentemente, sancionable. Todo esto es lo que conocemos como la finalidad de interés general o los fines de política pública que tiene el derecho administrativo, en este caso, las leyes de tránsito.

Lo anterior, también explica una diferencia entre la estructura normativa del derecho penal y del derecho administrativo. La estructura del derecho penal está formada por normas que establecen “tipos”, esto es, descripciones de conductas sancionables (el homicidio, el robo, el abuso de confianza, etc.).

En cambio, en el derecho administrativo el diseño normativo tiene como estructura la ordenación de un ámbito de la conducta humana (el tránsito de una ciudad, el medio ambiente, el urbanismo, los establecimientos mercantiles, etc.), cuyo propósito es ordenar el tránsito, disminuir la contaminación, ordenar los asentamientos humanos considerando el uso sustentable de los recursos naturales, etc. Se ordenan conductas (derechos, deberes, permisiones, prohibiciones, incentivos), se precisan recursos económicos, presupuestales, materiales, humanos, se establecen instituciones, competencias, procedimientos, etc. En esto, la estructura normativa no está basada en “tipos” y las normas de deber u obligación, tampoco están necesariamente asociadas a sanciones. En el derecho administrativo lo relevante es que los comportamientos sean efectivos y tal efectividad puede lograrse por diversos medios (nudges (1) , compromisos, acciones correctivas, etc.). Las sanciones administrativas tienen como función garantizar los fines del ordenamiento en su conjunto, teniendo a los medios coactivos, como último recurso.

Puestas así las cosas, la cuestión tiene que ser apreciada atendiendo a la posición que tiene el propietario (conduzca o no) respecto de los propósitos de interés general de la norma analizada: la situación de riesgo y la prevención de daños causados por el movimiento de los vehículos con exceso de velocidad.

La responsabilidad frente a los riesgos y los daños

Si un vehículo a exceso de velocidad causa daños, alguien debe responder por ellos. Si hay lesiones o muerte, es el derecho penal el que los trata; si hay daños materiales lo es el derecho civil. Aunque no haya exceso de velocidad de todas maneras alguien responde. ¿Quién responde? En el derecho penal el conductor es sometido a proceso y puede ir a la cárcel. En el derecho civil responde el conductor, pero también responde el dueño. Vale decir que en el derecho penal el dueño también puede terminar reparando el daño.

Una reciente tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte, muestra otra faceta de tratar el riesgo y los daños. Cuando se causan daños por negligencia o impericia, deben pagarse los daños y esto es exigible por la vía civil y no solamente eso, sino que es posible se condene también al pago de “daños punitivos”.

DAÑOS PUNITIVOS. CONCEPTUALIZACIÓN DE SUS FINES Y OBJETIVOS.

Mediante la compensación del daño se alcanzan objetivos fundamentales en materia de retribución social. En primer lugar, al imponer a la responsable la obligación de pagar una indemnización, la víctima obtiene la satisfacción de ver sus deseos de justicia cumplidos. Así, mediante la compensación, la víctima puede constatar que los daños que le fueron ocasionados también tienen consecuencias adversas para el responsable. Por otra parte, la compensación tiene un efecto disuasivo de las conductas dañosas, lo que prevendrá conductas ilícitas futuras. Así, dicha medida cumple una doble función, ya que las personas evitarán causar daños para evitar tener que pagar una indemnización y, por otra, resultará conveniente desde un punto de vista económico sufragar todos los gastos necesarios para evitar causar daños a otras personas. A dicha faceta del derecho de daños se le conoce como “daños punitivos” y se inscribe dentro del derecho a una “justa indemnización”.

Así pues:

a) El daño debe ser indemnizado.
b) Quien debe pagar es el “responsable”.
c) Los daños punitivos se justifican atendiendo al posible efecto en la observancia de medidas de diligencia ante riesgos por daños futuros no acontecidos.

Con lo anterior, por vía de interpretación, la Corte toma una decisión en la cual la responsabilidad por daños ilícitos o culposos no solamente tiene una función retributiva sino preventiva. No se limita a compensar a quien sufrió el daño, sino busca generar comportamientos diligentes para evitar daños a la colectividad en general. Al pasar del daño –como problema particular– a los daños a la colectividad –como problema público-, la Corte pasa, del caso, a la política pública.

Quien debe pagar por el daño y el riesgo es el “responsable”. En el ejemplo de los daños causados por un automóvil, los responsables son tanto el conductor como el propietario, aunque este no hubiese sido el autor directo.

¿Por qué responde el propietario? La responsabilidad se justifica por la relación que puede tener el propietario con el autor del daño. Por ejemplo, puede ser un empleado, un hijo, alguien sobre quien el propietario tenga un deber de cuidado o de tutela o por ser el propietario del vehículo. A esto se le ha llamado responsabilidad vicaria o por culpa presumida. Aun cuando el automóvil haya sido conducido sin exceder los límites de velocidad, puede haber responsabilidad por el hecho de las cosas. Hay en esto responsabilidad estricta o responsabilidad objetiva. Hay responsabilidad por riesgo.

Cuando se habla de daños punitivos se suele ejemplificar recurriendo al caso Stella Liebeck contra McDonalds (2) por las quemaduras que sufrió al derramársele el café entre 70 y 80 °C. El Tribunal norteamericano condenó a la empresa a pagar aproximadamente un millón de dólares siendo el reclamo inicial de veinte mil dólares. Por supuesto, luego de tal condena, Mc Donald´s disminuyó la temperatura del café. Así se disminuyó o eliminó el riesgo por quemaduras ante la amenaza de condenas similares. En el propio interés de Mc Donald´s, se protegió a los consumidores.

Que se haga responsable a quienes, por su posición: relación de tutela, de cuidado, de poder de decisión, respecto de los elementos que sean la fuente del riesgo y de los daños, tiene la finalidad de precisar deberes de comportamiento diligente. Dicen Cooter y Ulen (Economía y derecho, (2016) FCE, p. 360) “induce a las partes a comportarse de manera eficiente” .
Como puede apreciarse, la culpa en el derecho penal y en el derecho civil están presentes, pero difieren. En el derecho civil de daños, inclusive no se requiere de la culpa cuando se trata de responsabilidad estricta, por riesgos o también llamada objetiva.

La responsabilidad en el derecho administrativo

Como se puede apreciar, la Corte mexicana admite que en el caso de derecho de daños pueden considerarse tanto los daños como el riesgo por daños futuros independientemente que se produzcan o no. Se buscan comportamientos diligentes a partir del propio interés del responsable.

La responsabilidad solidaria del propietario con el conductor que establece la ley administrativa comprende a ambos en la sanción y en sus efectos frente al riesgo. La decisión del Tribunal Colegiado excluye al segundo. Con esto libera al propietario de responsabilidad.

La diferencia anterior, como es natural, afecta la eficiencia, la eficacia y la efectividad del propósito de la ley. Siendo esto así, la discusión constitucional, tiene que ver con la función y racionalidad del derecho administrativo y de las sanciones.

Si la función de la legislación de tránsito es atender al riesgo y prevenir daños a las personas y a los bienes, requiere analizarse la relación entre los conceptos de “responsabilidad”, “culpabilidad” y “responsabilidad solidaria” y la función o finalidad de interés general de las normas.

Para tal propósito, se requiere además del análisis conceptual, una aproximación funcionalista o instrumental . La racionalidad del derecho administrativo atiende a la finalidad (reducir riesgos y daños sociales) teniendo como medio la sanción de infracciones de tránsito (exceder los límites de velocidad), atribuible a los conductores y a quienes tengan sobre ellos y sobre las cosas, deberes de cuidado o poder de decisión.

Colocar en el centro del análisis la relación entre medios y fines, conduce al examen de la proporcionalidad y la razonabilidad. No es el propósito de este texto realizar un detallado test de proporcionalidad, sino solamente apuntar algunas direcciones que puedan tener mérito para el problema analizado. Por otra parte, el precedente señalado no realiza tal test que pudiera ser motivo de contraste.

Sí, en cambio, se refiere a la afectación de los derechos del quejoso. Como se ha referido, la violación al derecho se soporta en una cuestión interpretativa que puede enunciarse: se violan los derechos porque si consideramos la culpabilidad en el derecho penal y la aplicamos al derecho administrativo, entonces …

Con tal interpretación se evita una afectación patrimonial: la multa. Sin embargo, también encontramos interpretaciones del máximo Tribunal que estiman constitucionales afectaciones al patrimonio (daños punitivos) cuya cuantía puede ser mayor a la de una multa administrativa. En efecto, una es administrativa y otra es civil; sin embargo, ambas coinciden en los ámbitos de conducta a los cuales se dirigen y tienen propósitos análogos: atender al riesgo y prevenir los daños.

Si se enfoca con mayor detalle, además de que el monto por la condena civil puede ser mayor, ésta sanciona, y con ello previene, una conducta hipotética incentivando comportamientos diligentes. En el caso de la sanción administrativa se aplica por comportamientos realizados y demostrables que infringen una regla de cuidado establecida normativamente. La Corte estimó que el derecho civil puede tener funciones similares a las del derecho administrativo.

Si esto es así, vale hacer la pregunta ¿la responsabilidad solidaria del propietario mejora los efectos preventivos del derecho administrativo? ¿La responsabilidad solidaria se da en una relación de medio a fin? ¿Esta relación es proporcional y razonable? Para la respuesta, no basta la mera afirmación dogmática relativa a la aplicación de los principios del derecho penal a la sanción administrativa.

¿Qué comportamientos podría generar en los propietarios que sean o no responsables de las multas? ¿Mejoraría la eficacia en la protección de las personas y los bienes que los propietarios también sean responsables? ¿Es deseable que los propietarios mejoren sus deberes de diligencia sobre aquellos a quienes autorizan su uso?

Debe considerarse, además, que el derecho de propiedad de vehículos no solamente puede ser de personas físicas sino de personas jurídicas. Las flotillas de transporte urbano, de carga, taxis, pueden ser estadísticamente relevantes en los accidentes causados. Dependiendo de la regulación, la incidencia de accidentes puede ser relevante para otras consecuencias sobre calidad en el servicio. El derecho penal, a diferencia del derecho administrativo, no está diseñado para someter a proceso a personas jurídicas; en el derecho administrativo es lo usual. Así como en el caso de McDonald´s, las empresas pueden adoptar medidas de comportamiento diligente si se les incentiva.

El derecho penal como falso amigo del derecho administrativo

El precedente analizado permite apreciar los posibles efectos de los principios del derecho penal aplicados al derecho administrativo. Lo relevante para el análisis es si dichos efectos “resultan acordes con la naturaleza del derecho administrativo” (a que se refiere el Tribunal Colegiado), o bien si, por el contrario, afectan tal naturaleza. En este caso ¿cuál es su naturaleza?

El derecho administrativo establece normas de deber (no exceder “x” velocidad) cuya ratio es proteger a las personas (incluyendo al infractor) o a los bienes. Se está ante deberes frente a los demás, deberes no distintos de aquellos sobre los cuales se finca una responsabilidad civil extracontractual. El límite de velocidad tiene relación directa con el riesgo y el estándar de diligencia. Dependiendo de las circunstancias del caso (p. e. si no hay otro comportamiento negligente: “textear” mientras se conduce, pasarse un alto, etc.) puede ser la diferencia entre una responsabilidad por culpa o una responsabilidad estricta o por riesgo. La naturaleza es establecer un deber de diligencia en una ley administrativa. Maximizar tal protección, que sea eficiente y efectiva, mejora la seguridad y las condiciones de vida de una comunidad.

Jurídicamente el propietario responde por los daños sea que haya comportamientos negligentes o por responsabilidad objetiva (claro, el fortuito, la fuerza mayor, que quien sufra el daño se coloque deliberadamente en situación de provocarlo, son excluyentes de tal responsabilidad). Si el propietario es responsable del daño, es también responsable del riesgo.

La paradoja a la que conduce el precedente es la “penalización” del derecho administrativo más que a la administrativización del derecho penal. El riesgo de tal penalización es darle al derecho administrativo una “naturaleza” que le es disfuncional.

La relación que en el derecho administrativo se da entre la sanción administrativa y el riesgo abre una veta de reflexión y de aplicación del derecho que lleva a examinar los conceptos aplicables y los métodos de interpretación jurídica.

Otra paradoja presente es que el concepto de “culpa” del derecho civil es más amigable a la racionalidad del derecho administrativo; en cambio, la “culpa” penal afecta su eficacia. Mientras que el precedente del Tribunal Colegiado tiende a disminuir los deberes de diligencia y a quienes responden, el precedente de la Suprema Corte relativa a los daños punitivos, los aumenta. En esto, la Corte, por vía del derecho civil, garantiza fines de interés general que también son propios del ámbito del derecho administrativo.

Lo dicho conduce a tomar con cautela, que puede ser extrema cautela, la afirmación dogmática que en automático lleva a aplicar los principios del derecho penal a la sanción administrativa. Se requiere examinar previamente cuál es la regulación que se tiene como materia a aplicar, cuáles son sus propósitos de interés público y la función de la sanción. La aplicación acrítica de los principios de derecho penal tiene como riesgo evitar pensar en sus implicaciones.

Las foto multas y la buena administración

Lo dicho no pasa por alto los problemas que puede tener las llamadas foto multas. Pueden ser problemas de regulación o de gestión: se impongan sin audiencia es claramente una violación al debido proceso; la adecuada información a los conductores sobre las velocidades máximas; los propósitos recaudatorios; que la imposición de multas sea un incentivo de ganancia para las empresas operadoras; las fallas técnicas, etc. Tales cuestiones se presentan cotidianamente y pueden incluso pervertir su empleo y deben ser corregidas. Las virtudes de la tecnología tienen que estar respaldadas por una buena regulación y una mejor gestión administrativa. Los controles jurisdiccionales tienen es eso una función relevante.

Notas:

(1) Con influencia de la economía del comportamiento, las técnicas regulatorias incorporan intervenciones administrativas minimalistas (el término en inglés “nudge” da la idea de “empujoncito”) que buscan incentivar conductas tendientes a fines socialmente plausibles. Puede consultarse a Cass Sunstein y Richard Thaler, Nudges, Improving decisions about health, wealth, and happiness, Penguin Books, 2008

(2) Liebeck vs. McDonald´s Restaurants, P. T. S., Inc. núm. D-202 CV-93-02419, 1995 WI. 360309. En esta sentencia se condena a $640, 000. 00 por daños compensatorios y $ 2.9 millones por concepto de daños punitivos. El monto disminuyó en la apelación.

 

Anuncios

¿Dónde estoy?

Actualmente estás viendo los archivos para julio, 2017 en José Roldán Xopa.