El Caso ****, la resolución de la Suprema y el control difuso. Epílogo

octubre 14, 2011 § 1 comentario

Lo que en este blog ha sido motivo de encuentro (realmente nos vimos globales cruzando el océano), finalmente fue objeto de resolución por Corte mexicana.  Al dar a conocer su decisión sobre la ejecución de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como “Caso *****”, incluye la precisión de lo que hemos tratado en este blog: cómo los jueces del país aplicarán   el control difuso de constitucionalidad/convencionalidad.

1. ¿Qué dice la Corte sobre el control difuso?

En su parte medular dice:

“29. Es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.”

Atendiendo a lo dicho por la Corte, tendríamos que el control de convencionalidad/constitucionalidad se daría por dos vías: el directo (amparo, acción y controversia constitucional) y el difuso (justicia ordinaria). En ambas se preferirán los derechos humanos. Hay pues, en el sistema, una regla cualificada para decidir los conflictos normativos: que a la vez es sustancialista o material (los derechos humanos) y jerárquica (la supremacía constitucional y de los DDHH contenidos en los tratados). Como reglas para la técnica decisoria judicial, hay un mandato cognoscitivo (en el  iura novit curia deben incorporar a los DDHH) y otro de preferencia decisoria (en el dabo tibi ius).

Digámoslo más claramente, con tal decisión, la Corte orienta a los jueces del país a ingresar de lleno en “la cultura de los derechos humanos”, entendiendo como tal tanto al conocimiento de la materia como al modo de decidir. Lo anterior, por supuesto, implica también, sin decirlo explícitamente, una medida de política judicial. Lo anterior, por supuesto será también un parámetro de regularidad de la decisión: se revisará si los tribunales han resuelto “en derechos humanos”.

Siendo así, resolver en derechos humanos, es un contexto de decisión. ¿Cuáles son las reglas?

La Resolución de la Corte sobre el Caso *****, dice:

“31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente:

– Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;
– Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.
– Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.”

Si la resolución de la Corte mexicana es la ejecución de un mandato derivado de la Sentencia de la Corte Interamericana,  el anterior parámetro será la guía a aplicar. Si, como se dijo, resolver en derechos humanos es un contexto de decisión, el control de constitucionalidad/convencionalidad tendrá un discurso interpretativo con tales referentes.

La interpretación constitucional y en derechos humanos es especialmente seductora. Los académicos nos sentimos atraídos por las teorías de la interpretación y la argumentación; hemos creado cofradías alrededor de teorías que articulan sus discursos alrededor del garantismo y la argumentación; los planes de estudios de nuestras escuelas han incorporado cursos para entrenar a los estudiantes en tales pericias. Imaginemos a los jueces. Ellos deciden. Si la decisión es a partir del caso, puede ser una posibilidad de hacer interpretación constitucional, de recrear el orden constitucional y convencional para éste. El escenario tiene sus contracaras, por una parte, si el modelo son las decisiones de la Corte Interamericana suena bien tener decisiones más sustancialistas y menos formales; en el otro lado, resultaría que queremos sentencias como las de esa Corte, pero sin tener las condiciones de ella. Conocer y dar el derecho para el caso es recrear el orden. Es ampliar el poder de los jueces, pero sin tener las condiciones institucionales y procesales de la Corte Interamericana. Puede ser como Ulises sin tener un mástil al cual atarse ante el canto de las sirenas.

El control ex officio es un poder enormemente significativo y sería deseable que fuese realizable en las mejores condiciones. Las condiciones en que un juez ordinario decidirá respecto de su modelo (las sentencias de la Corte Interamericana) difieren en años luz. La calidad sobresaliente de las sentencias de la CoIDH se deben también a sus condiciones institucionales y del procedimiento (decisión colegiada, testigos expertos, amicus curiae, etc.). Sus condiciones de iura novit curia y dabo tibi ius no son comparables a los de un juez ordinario. La Resolución dice al respecto lo siguiente:

“En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.”

¿A qué se refiere la Corte cuando menciona la forma incidental?

2. ¿La justicia constitucional es de primera y la ordinaria de segunda?

En esta línea he apreciado un discurso en jueces ordinarios de reivindicación de la interpretación constitucional en su quehacer y cierto soslayo de la justicia ordinaria o de legalidad. La referencia no deja de resultar llamativa ya que uno de los reclamos más socorridos del foro ha sido justificar al amparo como tercera instancia por la desconfianza en los tribunales ordinarios. Así pues, al amparo se coló la justicia ordinaria por las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Ahora, lo constitucional se cuela a la justicia ordinaria por el control difuso de los derechos humanos.

Más allá de que los jueces ordinarios estén o no preparados para resolver en derechos humanos, lo relevante a largo plazo es la función de la justicia constitucional y la justicia ordinaria, en particular, de la calidad de la función. Así como se ordinarizó el amparo como control de legalidad, puede correrse el riesgo de banalizar el discurso de los derechos humanos.

Ante el problema anterior, creo que hay que destacar una de las lecciones históricas del Caso *****. Toda sentencia de la Corte Interamericana es un fracaso de los medios nacionales de solución de los conflictos. Un fracaso del gobierno priista en los 70´s para hacer frente al descontento social y respetar los derechos de los disidentes; un fracaso de los órganos de procuración de justicia para investigar la desaparición del señor ****; un fracaso de los tribunales civiles y militares para juzgar a los responsables; un fracaso de la Suprema Corte cuando le presentamos (me incluyo, junto a María Estela Rios y María Junco, quienes elaboramos la demanda) la controversia constitucional en la cual se impugnaron las reservas y declaraciones interpretativas sobre fuero militar de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

Pasar de la justicia ordinaria a la justicia constitucional, desaplicar una ley, es un fracaso para la justicia ordinaria y para la ley. Mientras más frecuente se dé lo anterior, es un fracaso de lo que debiera ser más sólido: precisamente la justicia ordinaria y la ley. La justicia ordinaria y la ley debieran ser los cuerpos más robustos de una sociedad, porque debieran ser la respuesta inmediata y más eficiente al conflicto. La justicia constitucional y las vías internacionales deberían ser excepcionales. Pensar que el sistema interamericano es una cuarta instancia, es pensar en una sociedad que fracasa y es incapaz de no sólo de decidir, sino de resolver adecuadamente sus conflictos.

Una vez pasada la fiebre constitucional, debe voltearse hacia la ley y a la justicia ordinaria. La ley debe mejorar su calidad. Los parlamentos deben contar con cuerpos expertos que atiendan no sólo el cuidado de su constitucionalidad formal, sino de su constitucionalidad funcional, es decir, que sus resultados sean de la mejor calidad social en eficacia y efectividad. Los políticos deben automoderarse ante las técnica legislativa y regulativa. Los jueces ordinarios deben hacer, en principio, buena justicia ordinaria, de esa forma estarían cumpliendo su función constitucional. Las sociedades con mayor grado de desarrollo radican su operación social en leyes sólidas y respetadas, en tribunales ordinarios y jueces respetados y prestigiados. .

Las reformas constitucionales recientes y el control difuso llevan a que una sociedad le confíe a sus jueces la solución de problemas no resueltos por el legislador en la ley, el juez ordinario en la justicia ordinaria, el ejecutivo en el reglamento y en la gestión administrativa. Se apuesta socialmente a que el juez ordinario o constitucional solucione las patologías en la aplicación de la Constitución, sin que los jueces tengan la legitimidad democrática, la operatividad política, las capacidades técnicas y los métodos de decisión de los congresos o las administraciones.

3. Los asteriscos y cómo la Corte resuelve en derechos humanos

Finalmente algo que no quiero dejar pasar:

Como habrán notado, he empleado asteriscos para ocupar el nombre de Rosendo Radilla quien fue desaparecido durante la guerra sucia de los 70´s. La resolución de la Suprema Corte así lo hace, la Corte Interamericana, en cambio, no suprime el nombre en la sentencia disponible al público. La paradoja: a un desaparecido se le desaparece el nombre en la Resolución nacional más relevante.

La lucha de los familiares de los desaparecidos ha reivindicado siempre la aparición con vida y han luchado contra el olvido. Se han opuesto a procedimientos legales como el de la muerte presunta. En sus actos muestran sus fotografías y gritan sus nombres. El derecho al nombre es uno de los más elementales. Además, la sentencia de la CoIDH condena al Estado mexicano a desagraviar la memoria de Rosendo Radilla, a editar una semblanza de su vida y a publicar la sentencia de dicha Corte. Todos ellos como actos de recuperación de su memoria.

¿Por qué la Corte colocó asteriscos donde debiera estar el nombre de Rosendo Radilla? ¿Por qué no desaplicó una regla que viola el derecho a su memoria? Mal ejemplo.

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