El control constitucional a la francesa

septiembre 29, 2011 § Deja un comentario

Romain REVEAU*

Estimado José,

 Leyendo tus reflexiones sobre la reciente reforma constitucional mexicana y los comentarios que suscitó, noto varias referencias a diferentes sistemas extranjeros, incluyendo una perspectiva europea.

 Creyendo también que, a veces, la razón puede salir de la comparación, me atrevo a proponer esta modesta contribución al debate que iniciaste, con una breve presentación del sistema de control constitucional en derecho francés.

 De hecho, una reforma constitucional acaba justamente de implantar en el derecho francés, un control constitucional de la Ley por vía de excepción, el cual está conociendo un verdadero éxito en la comunidad de los juristas.

 Esta reforma se integra en un contexto bastante diferente al mexicano, pero como sucede a menudo, levanta cuestiones  comparables.

 1 – Ante todo, hay que recordar que a diferencia de México, Francia es un estado unitario y no federal, organizado bajo un sistema jurisdiccional calificado de dualista por tener un orden jurisdiccional dedicado al derecho privado (tribunales judiciarios)  encabezado por el Tribunal de Casación y un orden jurisdiccional dedicado al derecho administrativo (tribunales administrativos) encabezado por el Consejo de Estado.

 Al lado de estas dos instituciones, que representan cada una en su orden jurisdiccional a la Corte Suprema, existe un tercer órgano jurisdiccional independiente de los dos órdenes jurisdiccionales precitados: el tribunal constitucional, llamado en Francia Consejo
Constitucional, encargado del contencioso constitucional.

 En aplicación de este sistema, el juez de derecho común de la constitucionalidad de todas las normas infra-legislativas es el juez administrativo.

 Por las razones que expone muy justamente el catedrático Luciano PAREJO ALFONSO (la separación de los poderes y la soberanía del Parlamento, a las cuales yo agregaría el temor del “gobierno de los jueces”) el juez ordinario, en Francia, no tiene el poder de rechazar una Ley. De manera general, el juez administrativo y a fortiori el juez judiciario, no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de una Ley. Este asunto depende de la competencia exclusiva del juez constitucional.

 2 – Antes de la reforma constitucional que entró en vigor el primero de marzo del 2010, existía solamente un control concentrado y por vía de acción de la constitucionalidad de las leyes. Es decir que las leyes podían ser sometidas al Consejo Constitucional solamente entre el momento de su adopción y de su promulgación y exclusivamente a la iniciativa del Presidente de la República, del Primer Ministro, de los Presidentes de las dos cámaras del Parlamento, o de un mínimo de 60 diputados o senadores.

 Si la ley no era presentada al Juez constitucional por una de las personas calificadas antes de su promulgación, permanecía en el orden jurídico y el juez ordinario no tenía otra opción que aplicarla a pesar de su inconstitucionalidad, hasta que fuera
modificada por otra disposición legal posterior.

 3 – La reforma constitucional francesa perseguía un triple objetivo: primero, dar un derecho nuevo al justiciable permitiéndole destacar los derechos que retira de la Constitución; segundo, rechazar del orden jurídico las disposiciones inconstitucionales; y tercero, asegurar la preeminencia de la  Constitución en el orden jurídico interno.

 De este modo, la reforma agregó a la Constitución las siguientes disposiciones:

 ARTICULO 61-1. Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue que una disposición legislativa perjudica a los derechos y las libertades que garantiza la Constitución, se podrá someter el asunto, tras su remisión por parte del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación, al Consejo Constitucional que se pronunciará en un plazo determinado.

Una ley orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente artículo.

 ARTICULO 62. (…).

Una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61-1 será derogada a partir de la publicación de la decisión del
Tribunal Constitucional o una fecha posterior fijada en dicha decisión. El Tribunal Constitucional determinará las
condiciones y los límites en que los efectos producidos por la disposición puedan cuestionarse.

Contra las decisiones del Consejo Constitucional no cabrá recurso alguno. Se impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

 4 – La gran novedad que implanta esta reforma es el control constitucional de las leyes por vía de excepción. A sólo un año de distancia, ya podemos constatar que, en cuanto al objetivo de rechazar del orden jurídico las disposiciones legales inconstitucionales, el control por vía de excepción es de una eficacidad incomparable.

 5 – Los otros dos objetivos perseguidos tienen que ver con la cuestión de los derechos fundamentales y del control de convencionalidad, que parece ser una fuente de interrogación con respeto a la reforma constitucional en México.

 La ley orgánica a la cual se refiere el artículo 61-1 otorga un importante papel de filtro al juez ordinario, quien debe decidir si la alegación de inconstitucionalidad es suficientemente “seria” antes de someterla al Consejo Constitucional. El control  constitucional de las leyes sigue siendo un control concentrado, pero el debate constitucional se abre frente al Juez ordinario
quien, si bien no tiene la posibilidad de declarar una ley inconstitucional, tiene que opinar sobre la constitucionalidad de la ley.

 Es seguramente una innovación, pero tiene más por efecto el volver a colocar la norma constitucional en lo alto de la jerarquía de las normas, que de ofrecer al justiciable la posibilidad de destacar nuevos derechos fundamentales.

 En efecto, tal y como lo cito anteriormente, el juez ordinario no puede ejercer un control de constitucionalidad de las leyes (en cambio, ejerce este control sobre todas las normas infra-legislativas), pero es competente para aplicar los tratados internacionales firmados por Francia. Es decir que ejerce el control de convencionalidad de las normas internas, ya sean infra o supra legislativas, ya que el artículo 55 de la constitución francesa prevé que: “Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a la leyes…”.

 Con respecto a los derechos humanos, Francia ratificó dos tratados muy importantes: La Convención Europea de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y El Tratado de la Unión Europea (que incluye una carta de los derechos fundamentales). Estos tratados ofrecen una protección comparable -y tal vez más importante- a las garantías que contiene la constitución francesa en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.

 Debido a esto, frente al juez ordinario, el justiciable francés solía evocar directamente estos tratados en lugar de la constitución nacional; y de hecho, el juez ordinario solía aplicar un control de constitucionalidad a través del control de convencionalidad.

 Hoy en día, la reforma constitucional prevé que la alegación de anticonstitucionalidad de una ley debe ser primordialmente resuelta por las jurisdicciones. Es decir que el control constitucional prima ante el control de convencionalidad, lo que permite reafirmar la primacía de la constitución en el orden jurídico interno.

 6 – En conclusión se puede decir que en Francia:

 – el control de constitucionalidad es difuso para las normas infra legislativas (que representan la mayoría de las normas en
vigor) y concentrado para las leyes;

– el control de constitucionalidad de las leyes depende de la competencia del tribunal constitucional, cuando el control de
convencionalidad de las mismas normas depende del juez ordinario (lo que permite una especie de doble protección de los derechos fundamentales),

– en derecho interno, la norma suprema es la constitución; una disposición de un tratado internacional contraria a la
constitución no se puede aplicar hasta que se modifique la constitución (el último ejemplo ocurrió en 2008 por la ratificación del tratado de Lisboa, que preveía un transfer de soberanía en favor de la Unión Europea en varias materias).

 *Abogado francés especialista en derecho público

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