Derechos humanos: del Diario Oficial a Ciudad Juárez

junio 11, 2011 § Deja un comentario

Mientras en el Diario Oficial de la Federación se publica la reforma que introduce diversas ampliaciones en materia de derechos humanos, en Ciudad Juárez se firma el Pacto por la Paz. Los derechos en el papel y los derechos en la realidad. Qué extremos tan distantes. La utopía en la Constitución, la distopía en la realidad. Nomos y topos.

Son también los extremos que contextualizan los topos centrales de  reflexión y de la construcción del estado constitucional, no sólo como orden normativo sino como realidad.

Tenemos ya un ordenamiento constitucional novedoso: se han ampliado los derechos de las personas y sus garantías (el catálogo ahora comprende los referidos en los tratados de derechos fundamentales; los conceptos de derechos colectivos, intereses legítimos amplían las vías de acceso a la justicia); se amplían las atribuciones a los organismos gubernamentales de derechos humanos (p. e. facultades de investigación); se amplían los poderes de los jueces (efectos generales de la jurisprudencia, control de omisiones, etc.).

El ordenamiento jurídico dejará de ser provinciano y en su entendimiento se incorporarán de manera creciente los estándares de interpretación de los sistemas de derechos humanos. Junto al IUS habrá que tener la jurisprudencia de la CIDH. La idea de la legitimidad democrática para justificar los límites de los jueces para controlar al legislador y al constituyente, cede ante los derechos humanos como límite.  Para la CIDH, puede ser irrelevante que la norma que afecte un derecho fundamental sea legal o constitucional ¿lo seguirá siendopara la SCJN?

Las reformas constitucionales son el resultado de procesos sociales muy complejos. En su historia hay acuerdos políticos, consensos, negociaciones entre grupos, partidos, líderes, etc. Ideas tales como el cuestionamiento de la fórmula Otero (efectos particulares de la sentencia) en el amparo tiene una larga data, lo mismo que la ampliación del interés jurídico al interés legítimo y tienen su fuerza en la convicción de que su constitucionalización contribuye a mejorar la realidad. Si no fuese así,  estaríamos todos en un juego de engaño colectivo.

Un viejo profesor de marxismo  decía en sus clases que para modificar la realidad hay que actuar sobre la realidad misma. Ésta es precisamente la cuestión que hay que atender. Cómo los operadores se apropian de las reformas será determinante en retomar el camino a la utopía o seguir hacia la distopía.

Hace ya varios años al crearse el sistema de ombudsman se anunciaba algo  parecido y la promesa se extravió entre pago de favores, nombramiento de  compadres, reparto de cargos por cuotas, etc. El Pacto por la Paz de Ciudad Juárez no hubiese sido necesario, si hubiese buena policía preventiva; si la jurisprudencia no hubiese convertido a la confesión en la reina de las pruebas -lo que mató la investigación científica del crimen y la remplazó por el agua de Tehuacán-; si hubiese ministerios públicos profesionalizados; si no hubiese jueces “presunto culpable”, si, si…

Las reformas constitucionales han transformado al nomos, ahora habrá que hacer frente a los topos. Cuestiones tales como operar con los tratados internacionales, los efectos generales de la jurisprudencia, el interés legítimo, el control de la omisión, entre otros, son herramientas más sofisticadas de operación social que requieren también mayor sofisticación en su manejo.    Y en esto estamos apenas en la puerta de entrada a problemas nuevos.

Así por ejemplo, el interés legítimo podrá tener el mérito de que cualquier persona podrá defender una ruina arqueológica o los manglares, pero también podrá causar un desastre si un juez suspende una obra pública o permite que circulen taxis piratas.

Los efectos generales de la jurisprudencia dará al juez mayores poderes, no sólo para invalidar normas generales sino para rediseñarlas si se toma a pecho la interpretación conforme, las sentencias interpretativas, aditivas, etc. Pasará la línea del juzgador  para la de ser decisor normativo lo que no es una trivialidad. Juzgar y legislar  son funciones estatales distintas que requieren procedimientos y capacidades  institucionales diversas.

La decisión de juzgar es distinta a la decisión de legislar. Juzgar es decidir una controversia, legislar es hacer ingeniería social, orientar conductas de acuerdo a una idea de política pública, implícita o explícita. Rediseñar normas en  contextos  de decisión de conflictos acota las posibilidades de decidir. En amparo se decide: otorgando, negando o sobreseyendo (que es como negar); la invalidez o rediseño de la norma tiene que hacerse en este marco de decisiones y de información. La decisión legislativa, a diferencia, es abierta, con múltiples posibilidades de decisión, de arreglo, de composición.

Las anteriores son apenas una muestra apresurada de los nuevos retos.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

¿Qué es esto?

Actualmente estás leyendo Derechos humanos: del Diario Oficial a Ciudad Juárez en José Roldán Xopa.

Meta

A %d blogueros les gusta esto: