¿Cuál es la panorámica del juicio de amparo contra leyes tributarias?

octubre 11, 2010 § Deja un comentario

Gabriela Ríos Granados

 

     Para fortuna de los mexicanos, en nuestra  tradición jurídica  el juicio de amparo contra leyes tributarias es procedente cuando en opinión del juzgador se vulneren derechos fundamentales de los contribuyentes, (capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de ley, y destino del gasto público) sancionados en el del artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal. El Derecho es historia, y recordemos que en un principio no había acceso a este juicio en dicha materia, porque en una primera  interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros y  principalmente el ministro Ignacio L. Vallarta consideró que el único poder legitimado para interpretar las normas tributarias era el legislativo por deferencia y por respeto a la división de poderes. El punto de inflexión fue en 1925 con el  caso de Maclovio Maldonado que admitió el juicio de garantías en virtud del impuesto ruinoso y exorbitante, y la Segunda Sala de la SCJN siguió este sano criterio en 1937 y 1940. Sin embargo, la SCJN volvió a cambiar su criterio en varias ocasiones y no fue sino hasta entrados los sesentas cuando definitivamente se admitió la procedencia del juicio de amparo contra leyes impositivas. Y a partir de entonces, se ha decantado una copiosa jurisprudencia en esta materia, que se ha enriquecido con la incorporación de los medios de control abstracto de la constitucionalidad de las leyes, tanto por la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional.

      Sin embargo, hay varias cuestiones que quisiera comentar y que han causado controversia en el tema del juicio de amparo fiscal. Por una parte, los abogados postulantes han sostenido que los criterios jurisprudenciales no han formado una dogmática tributaria jurisprudencial, pues ha sido inconsistente en varias de sus resoluciones, por ejemplo, en el tema de la extrafiscalidad, tanto el Pleno, la Primera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han convalidado el trato inequitativo entre contribuyentes con base en fines extrafiscales, aunque estos fines extrafiscales no se sustenten en algún derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Federal; o bien, que estos fines extrafiscales no hayan sido plenamente motivados en el debate parlamentario.

     Por otro lado, la autoridad hacendaria ha sostenido que existe un abuso del empleo del juicio de amparo por parte de los abogados fiscalistas.  Además, otro dato relevante para la Autoridad son los efectos retroactivos y devolutivos de la sentencia de amparo, ya que si se declara inconstitucional una ley tributaria, el efecto de la misma será retroactivo por la propia naturaleza del juicio de amparo de restituir al quejoso el daño causado al bien jurídico protegido. Esto implica que  la autoridad hacendaria deberá devolver un impuesto declarado inconstitucional. Lo que al final del día no puede soportar el erario público del Estado.

    Este argumento pragmático presupuestal ha sido criticado por la más cualificada doctrina jurídica tributaria  del derecho comparado. Así, Checa González Clemente manifiesta: “que es difícilmente defendible desde una óptica estrictamente jurídica, pues con este medio de ocasionar una catástrofe presupuestaria se origina un déficit del control constitucional tributario, a parte de ello, no parece que la jurisprudencia prospectiva tenga mucho sentido en un ordenamiento en que la Constitución, más que un conjunto de principios orientadores de la función legislativa ordinaria, es una norma, la primera norma del ordenamiento, por lo que, en suma, una norma posterior que tenga contenido contrario a la Constitución no puede coexistir con ella, en términos puramente lógicos”[1]. El citado autor hace su buen juicio jurídico en apoyo de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que con regularidad sus sentencias tienen efectos retroactivos, y cita la sentencia 11 de agosto de 1995 Roders BV, asuntos acumulados C-367 a 377/93, en donde respecto de la cuestión presupuestaria el Tribunal indicó que si el Tribunal tuviese que atender a esta circunstancia “las violaciones más graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que son estas las que pueden entrañarlas consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados miembros. Además, limitar los efectos de una sentencia basándose únicamente en este tipo de consideraciones redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional que los derechos de los contribuyentes obtienen de la normativa fiscal.”

    Es así, que el juicio de amparo en materia tributaria ha mantenido inconformes tanto a los abogados fiscalistas como a la autoridad hacendaria, por lo que a principios de 2009 se sometió a dictamen en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma al artículo 107 Constitucional, en la que en términos generales  propone que las sentencias dictadas en  el juicio de amparo en materia tributaria tengan  efectos erga ommes y eficacia prospectiva o “ex nunc”. Esto último significa que ya no habría devolución de contribuciones por la declaración de inconstitucionalidad de una norma tributaria; contrario a lo que en el tradicional  juicio de amparo se ha considerado como  principios, tales como el  de la relatividad de las sentencias  y el agravio personal y directo. Afortunadamente, esta fórmula no prosperó en la Cámara de Senadores.

     Sumada a esta circunstancia, la Corte está recogiendo la doctrina anglosajona sobre el escrutinio no estricto en materia fiscal. Ante esa panorámica, sostengo que en materia tributaria el órgano jurisdiccional está tomando un derrotero  muy peligroso para los contribuyentes que pagamos nuestras contribuciones. Además, recordemos que hace más de cuatro años no se ha declarado inconstitucional ningún impuesto, pues ha pesado más el tema presupuestario. Y considero que todavía hay muchos temas en el tintero que se deben debatir jurisprudencialmente, y darles sustancia, tales como los siguientes cuestionamientos: ¿cuál es el alcance del mínimo existencial? ¿El Impuesto sobre la Renta de las personas físicas respeta ese mínimo existencial? ¿Cómo debe manifestarse el principio de solidaridad en materia tributaria? ¿Cómo debe instrumentarse el principio de equidad en el destino del gasto público?

     Son temas que ya han sido puestos sobre la mesa en otros contextos y sostengo que la SCJN debe tomar en serio estos derechos fundamentales, no por nada, los impuestos confiscatorios han generado revueltas y guerras civiles…Por eso, no hay que olvidar que el Derecho es historia.


[1] Checa González C.:  La responsabilidad patrimonial de la administración pública con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad de una ley”, Revista Jus et Praxis, año 10, núm. 45, p. 6

Gabriela Ríos es Investigadora de Tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y autora del libro Responsabilidad patrimonial del Estado por leyes tributarias declaradas inconstitucionales, en prensa

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