La verdadera fuente de inequidad en materia fiscal

octubre 8, 2010 § Deja un comentario

Alil Álvarez

Ante la cuestión planteada por José Roldán, creo que el problema es la resolución del juez pues lo que debe resolver al estimar que la reforma produce la desproporcionalidad es considerar que la norma inconstitucional no debe afectarle al particular.  El efecto de la sentencia debe ser el desafectar de la esfera jurídica del quejoso la ley que se considera inconstitucional como si ésta no hubiere entrado en vigor para el demandante.  De esta manera, queda sujeto a la ley que hubiera consentido (la del 10%).  Ese debe ser el efecto restitutorio del amparo, al dejar las cosas como estaban antes de que se violaran sus garantías.   El problema es de los jueces y de cómo se pronuncian sobre los efectos del amparo.  Bajo esta posición, los jueces han manifestado que “la Corte no legisla”, ignorando que las sentencias son fuente creadora de derecho y que la intención no es que legislen sino que las cosas queden como estaban antes de la aparición de la ley inconstitucional.  Lo que está mal no es el amparo sino el cómo concederlo (o justificación para no concederlo). 

Ahora bien, el que la persona que se ampara (y obtiene sentencia favorable) queda en mejor situación que el que no se ampara, es una realidad (producto de la relatividad de la sentencia) aplicable a todas las materias (no sólo la fiscal). 

 La idea de no poder dejar en vigor la norma anterior a la ley inconstitucional me parece es sólo un pretexto para dejar de conceder amparos en la materia.  Por alguna extraña razón, pareciera que a algunos estudiosos del derecho (a últimas fechas), les parece poco importante la protección a las garantías individuales que tienen que ver con lo fiscal.  Al final del día, creo que olvidan que la protección a la propiedad privada del ciudadano es uno de los principios por los que más se ha luchado a lo largo de la historia.

 Es muy triste lo que está pasando en la materia pues el Fisco, en lugar de hacer su trabajo (reduciendo la evasión y castigando a los verdaderos defraudadores), ha buscado –cada vez más—atacar a los que pagan que son (por razones obvias), los únicos que acuden a medios de defensa.  Ante esta realidad, se ha buscado eliminar el amparo fiscal (con el apoyo de grupos que, me parece, deberían de buscar proteger las garantías de los ciudadanos) y –según se evidencia de la propuesta sobre lavado de dinero—tener una medida de presión y amenaza contra los asesores fiscales.  Tristemente, el Fisco ha sustituido capacidad y generación de políticas públicas convenientes por limitación de garantías y persecución a los contribuyentes que se manejan en cierto grado de formalidad.  Ante esto y como ya ha sido señalado por muchos, el Poder Judicial, en algunas ocasiones, ha sido un cómplice que defiende lo indefendible a costa de su propio prestigio. Es una pena que en lugar de fomentar la discusión por la vía jurídica dentro de los límites de la formalidad, se ataque a los contribuyentes que aplican la ley.  Si no la aplicaran, no se ampararían.  No nos hemos querido dar cuenta que el intento de afectar cada vez más a los contribuyentes cautivos, vía reformas fiscales de dudosa constitucionalidad avaladas por el poder judicial lo único que hace es castigar al que cumple y no necesariamente eleva la recaudación. Debe de haber un equilibro de poderes en todas las materias y el ejecutivo debe de ser limitado por los otros poderes aún en la materia fiscal.  ¿Qué es más deseable? ¿Desaparecer de facto o vía una reforma jurídica las garantías constitucionales en materia fiscal o presionar al Fisco para que haga mejor su trabajo? Lo primero, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y no genera ningún incentivo para que las autoridades realicen una mejor labor.  Lo segundo, resulta en mejores normas tributarias, políticas públicas más pensadas y confianza en el órgano de resolución de controversias. 

La pregunta al final del día es si no sería más deseable como país atacar a los grandes defraudadores, los que no pagan ningún impuesto y a los que –obviamente– les tiene sin cuidado las normas fiscales y los medios de defensa de los  contribuyentes.  Regresando al tema de la inequidad, creo que no hay mayor inequidad en materia fiscal que permitir que algunas personas no paguen sin enfrentar ninguna consecuencia.

Alil Álvarez es Licenciada en Derecho por el ITAM, Maestra en Derecho por la Universidad de Stanford y autora del libro Lecciones de Derecho Fiscal publicado por Oxford University Press

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