¿Por qué el amparo no salvó al Primo de un Amigo?

septiembre 20, 2010 § Deja un comentario

El yeso que ahora cubre la pierna de EPA, está ahí tercamente dura, como la sensación que tendrá ya en su memoria cada vez que lea que alguien murió en un accidente de tránsito. Es la historia de EPA o de Celia Lora o de alguien más. Algo de lo que ni la protección de la justicia federal nos salva.

¡Mamá no prendas la grabadora aunque esté en la tele! (Alex Lora no dixit)

De la fiesta a la tragedia.Si una cuestión de borrachos es un problema social ¿cómo reacciona el derecho y cómo se desempeñan las instituciones?

En esto, lo que sucede alrededor del alcoholímetro es un modelo a escala de los problemas de la  legalidad en tanto vivencia cultural: se establece una prohibición, se busca cómo escabullirse y, cuando se aplica, librarse es cosa de dinero y de relaciones.

Que el derecho se ponga en juego para enfrentar el problema parece adecuado: hay vidas, salud pública y pérdidas sociales involucradas. Pero, ¿cómo lo hace? La restricción al tránsito y a la libertad personal puede ser consecuencia de una infracción administrativa, una falta al orden público. Es una reacción válida, sin embargo, primitiva.

Cuando una persona que ha ingerido alcohol conduce un automóvil incrementa el riesgo –de por sí existente- de causar daños. Sus capacidades disminuyen. Es un peligro. El riesgo tiene un tratamiento jurídico distinto al de una infracción administrativa, o debería tenerlo. Si el alcoholímetro marca el límite, pero no lo rebasa, no elimina sino fija un riesgo “aceptable”. Sucede algo similar en un dictamen de impacto ambiental, en un visto bueno de protección civil, en una regla técnica sobre cinturones de seguridad, etc.

El alcoholímetro es un aditamento que de ser adecuadamente usado muestra un dato que resulta más confiable que la apreciación de un policía al pedir que alguien haga el cuatro o que camine sobre una línea.

El arresto es una forma de retirar temporalmente el peligro de las calles, de disminuir el riesgo. Cuando la medida de arresto es rígida, es inconmutable por ejemplo, no toma en cuenta la magnitud del riesgo y busca ser evitada.

¿Cómo reacciona un juez cuándo alguien solicita una suspensión ante el arresto administrativo?

Se supone que debe ponderar entre el interés del quejoso y el interés público. ¿Cómo lo hace? El contexto de una medida cautelar es el peligro en la demora y la “apariencia” del derecho. ¿Conoce el juez las condiciones en que se encuentra el quejoso y la magnitud del riesgo que representa si ordena su libertad? Mi sospecha es que no tiene la menor idea.

Si así se toma la decisión, la justicia no solamente es ciega sino estúpida.

En casos como este, la justicia cautelar es la que verdaderamente importa, se busca la libertad inmediata, ahí está el negocio. No se trata solamente de un problema formal de fundamentación o motivación o de que se cause una molestia al quejoso.

Cuando un juez ordena la libertad de una persona sin valorar el riesgo que representa al circular por las calles, se convierte en parte del problema. Los datos muestran que mueren más personas por accidentes de tráfico que por disparo de armas de fuego. ¿Autorizarían los jueces a alguien andar por ahí con un cuerno de chivo? Pues hagan de cuenta y probablemente el riesgo sea menor.

Claro, que alguien sea obligado a detenerse para ser sometido a un examen o, peor aún, llevado al Torito, causa molestia, es infinitamente molesto, es una lata, provoca estrés y arruina la diversión.

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