COFETEL … ¿de capturas a capturas?

La COFETEL es un modelo traicionado de órgano regulador. Ha sufrido los peores males: la captura por los intereses y la politización por la mala política. La autonomía de órganos como la COFETEL tiene sentido en la medida en que su diseño puede hacer posible una mejor administración pública. Se supone que la autonomía permitiría integrar un centro de decisión cuyo respaldo sea el conocimiento experto, técnico, de la materia: cómo funcionan las redes, la tecnología, los mercados, la política de telecomunicaciones, etc.

Así, una decisión de poder, como lo es toda decisión administrativa, estaría sustentada en la técnica como parámetro de objetividad en la ley. La técnica funciona como un racionalizador de la discrecionalidad administrativa. Es su componente legitimador. La autonomía es una garantía institucional, una técnica para proteger el cometido del poder  público. Para establecer una distancia de los intereses económicos de los regulados y de la mala política (la seducción de decidir en función de ventajas o desventajas electorales, de decidir discrecionalmente para favorecer al compadre, al hermano, entenado incómodo, etc).

Cómo se integra el pleno del regulador es central. El eje articulador es el conocimiento experto y la independencia de los intereses y de la mala política. Si se nombra a alguien sin experiencia o a un político con aspiraciones de gobernador o de senador o de diputado o de presidente, o a alguien con intereses con los regulados, se traiciona a la buena administración y es una irresponsabilidad.

El Ejecutivo como responsable de la conducción de la administración y de la política pública tiene la potestad de nombrar a los comisionados (la responsabilidad in eligendo), de vigilarlos y de que le rindan cuentas (responsabilidad in vigilando). La COFETEL está sujeta a su dirección el Presidente conduce la política pública (plan nacional de desarrollo y programa sectorial), a su potestad reguladora (reglamentos en la materia). La COFETEL está bajo la conducción política del Presidente y en eso no hay captura, hay responsabilidad constitucional. Pero la COFETEL no está sujeta a su instrucción, es autónoma para tomar sus decisiones, hay garantía institucional para eso.

El Presidente tiene el derecho de elegir a alguien que comparta su política pública, su modo de entender los asuntos públicos, siempre y cuando sea un experto en la materia. La ley exige esas características intuito personae. Los miembros del pleno deben poner el mejor de los conocimientos técnicos al servicio de decisiones de política pública. La experiencia y los conocimientos son materia de prueba.

La controversia constitucional que promueven diversos congresistas será una oportunidad -si se entra al fondo-  para el examen de las cuestiones anteriores.

La pregunta es ¿por qué solamente se impugna un nombramiento y no se hizo cuando el designado, sin experiencia y conocimientos en el tema,  fue “de los nuestros”?