Crónicas de la reforma energética (VI) La concesión o el costoso desdén

febrero 4, 2014 § 1 comentario

En una de las anteriores Crónicas adelanté que la “concesión”, fue una de las figuras eliminadas en la reforma que liberaliza los hidrocarburos y la electricidad. La revisión de las iniciativas así como de las razones para considerar o no a la concesión, las posiciones y argumentos de los partidos, permiten apreciar el conocimiento e “ideas” presentes en la valoración de la figura. Un segundo momento será apreciar los escenarios futuros al prescindir de la concesión.

A.- ¿Cuáles fueron las posturas de las iniciativas?

 En la iniciativa del Ejecutivo se recurre al antecedente cardenista del 40, transcribiendo y asumiendo los razonamientos de aquella época. La propuesta de Cárdenas, como se recordará, proponía  la exclusión de concesiones petroleras (posible desde la Ley del Petróleo del 25), pero aceptaba la posibilidad de celebrar contratos con particulares:

Decía la Exposición de Motivos:

“Toda vez que la concesión es el instrumento jurídico que confiere derechos a los particulares para explotar o aprovechar los bienes del dominio de la Nación, al suprimirse las concesiones se cancela la posibilidad de cualquier derecho de los particulares sobre el petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo.”

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Crónicas de la reforma energética (V). El petróleo y López Velarde, teórico de la propiedad

enero 19, 2014 § Deja un comentario

¿Qué significa eso de que el petróleo es de los mexicanos?

A.  Suave Patria: permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, en risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero

En la Constitución del 17, cuentan las crónicas, fue la pluma y la idea de Molina Enríquez la que incluyó al petróleo entre los recursos naturales de “dominio directo de la Nación”. Al ser “un componente distinto del terreno”, podía distinguirse, por ejemplo, la propiedad del “terreno” de un particular de aquello que no lo es: el petróleo, otros hidrocarburos, el oro, la plata y los demás del listado del párrafo tercero del 27.

Así, la Constitución es como si fuera una escritura de propiedad y los constituyentes cual Fausto (el de Goethe) con fe pública. « Leer el resto de esta entrada »

Crónicas de la reforma energética (IV). ¿Y dónde quedó el servicio público de electricidad?

enero 16, 2014 § 2 comentarios

Antes de:

El servicio de electricidad era – en principio – considerado un “servicio público” (la ley excluía de ese régimen a diversas actividades de generación, importación o exportación). Además se consideraba como “área estratégica”.

Después de:

Solamente se considera como servicio público a la “transmisión y distribución”. La prestación del servicio al consumidor final (o sea el que, por ejemplo, nos llega a la casa, al trabajo o el que surte al municipio para el alumbrado público), deja de ser servicio público y se considera “comercialización”. También esto último deja de ser área estratégica.

Si las palabras, que son conceptos, que luego son reglas o principios jurídicos, ¿qué significa tal cambio y que impacto tienen? ¿Qué significa que lo que era servicio público no lo sea más? « Leer el resto de esta entrada »

Crónicas de la reforma energética (III). Nueva Constitución económica, pero ¿cuál es el nuevo constitucionalismo?

enero 12, 2014 § Deja un comentario

Con la reforma energética cambia el sentido que tenían las “áreas estratégicas”, la propiedad del petróleo e hidrocarburos tiene nuevas formas de explotación, se retrae la calificación de “servicio público” en el caso de la energía eléctrica, las empresas estatales actuarán en un contexto de competencia con los privados, las concesiones como título jurídico no operarán. Meses antes se aprobó la reforma en telecomunicaciones en la que se estableció el régimen de servicio público a las telecomunicaciones y a la radio y televisión, se reafirmó a la concesión como el título habilitante, se establecieron reglas para limitar el poder de los monopolios mediáticos, agreguen a esto reglas procesales de excepción tales como la improcedencia de la suspensión en caso de amparos.

Las dos son reformas de alto impacto en el ordenamiento constitucional de los poderes estatales y de las libertades económicas; los linderos del Estado y el mercado y del Estado en el mercado se han movido.
Hay nuevas reglas, y no hay más que invertir una buena cantidad de tiempo para conocerlas a detalle, pero ¿cuál es el nuevo pensamiento, la nueva ideología, la nueva racionalidad constitucional? ¿Cuál sería la nueva lógica, si hay alguna, que le dé alguna coherencia a la nueva ordenación constitucional de la economía? Luego de eso, la cuestión es preguntarse hacia dónde conducen las reformas dados los nuevos escenarios y el rediseño institucional resultante. « Leer el resto de esta entrada »

Crónicas de la reforma energética (II) La “técnica” constitucional

enero 5, 2014 § 1 comentario

 

Quiero detenerme en cuestiones de técnica constitucional.

Se reforman siete párrafos de tres artículos. Y son veintiún transitorios. Carbonell anota que  se crea una “Constitución transitoria” (ver aquí), Valadés le llama la “Constitución desfigurada” (Ver aquí) al resultado de la técnica constitucional empleada, no sólo por contener seudotransitorios, sino porque contienen “engaño y ocultamiento.” Diego agrega que de 6900 palabras 6000 corresponden a los transitorios. « Leer el resto de esta entrada »

Reforma energética (I). Constitución, mercado y desarrollo

diciembre 23, 2013 § Deja un comentario

La reforma constitucional, el fin del monopolio  estatal en la explotación ¿y ahora?

El petróleo, los demás hidrocarburos y el servicio de energía eléctrica, han sido modificados sustancialmente por la reforma publicada en el Diario Oficial el 20 de diciembre pasado (ver aquí). Bien vale pasarla por la crítica.

Empecemos por el petróleo…

 La reforma pone fin al monopolio estatal en la explotación del petróleo. Concluye también la configuración constitucional que data del 82, luego de que — tras la crisis al final del gobierno de López Portillo–, con la paternidad de De la Madrid se rearmó la nueva relación Estado/mercado. « Leer el resto de esta entrada »

Sobre el derecho de réplica de Laura Bozzo

octubre 1, 2013 § 3 comentarios

La petición que la conductora Laura Bozzo ha dirigido a MVS para que formule su réplica ante lo expresado por Carmen Aristegui, es un interesante caso ante el vacío de legislación reglamentaria del derecho constitucional de réplica.

 El texto constitucional es escueto:

 Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

 El derecho de réplica existe, pero el reenvío cae en el vacío ante la omisión legislativa (las previsiones de la Ley de Imprenta son insuficientes).

 Así las cosas, la cuestión por demás interesante es cómo dotar de contenido a tal derecho y  cuáles son las condiciones de su ejercicio y de su garantía.

 Los precedentes jurisdiccionales son escasos (el IUS reporta tres casos con la voz “derecho de réplica”, sólo uno de los cuales es pertinente) y no dan mayor luz al respecto. En el Tribunal Electoral se encuentra una mayor actividad, destacando el caso Picasso Barroel [1]en el cual se ordenó al IFE aplicar el procedimiento especial sancionador para tutelarlo.

 Los referentes para configurar tal derecho y sus garantías son más ricos al revisar el derecho comparado y algunas sentencias y opiniones consultivas en el marco del Sistema Interamericano de derechos humanos.

 ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la réplica?

 a) El acto generador

 Una primera distinción relevante es entre “información” y “opinión”. Si la primera es falsa, errónea, inexacta o incompletas se configura una circunstancia o condición que causa o genera una afectación o agravio a la persona .  Los elementos de “inexactas y agraviantes” que produzcan perjuicio, están recogidos en el artículo 14.1. de la Convención Americana de DDHH. La información es contrastable contra otra información.

 En el caso de opiniones el parámetro es distinto, se está ante juicios subjetivos del formulante en el que hay pensamiento crítico.[2]

 b) Lo tutelado en la réplica

 Al respecto se distinguen dos aspectos: el concerniente al afectado o perjudicado, sea en su intimidad, honra, reputación, así como a su expresión y pensamiento; un segundo aspecto va más allá del afectado personalmente e involucra el derecho a la información de las audiencias, “del público en general”, dice Gross Espiell en un voto en la Corte Interamericana:

 “En su dimensión individual, el derecho de rectificación o respuesta garantiza al afectado por una información inexacta o agraviante la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esa información emitida en su perjuicio. En su dimensión social, la rectificación o respuesta permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior, inexacta o agraviante.”[3]

 c) La equidad o el equilibrio

 La posibilidad de réplica, rectificación o respuesta, permite el equilibrio en la información. Lo anterior, supone una relación en la cual quien genera el acto se encuentra en una posición de ventaja sobre el afectado, al poder acceder a un medio de comunicación. De esta suerte, el acceso obligatorio, gratuito y en las mismas condiciones en las que se emitió el acto generador, hace posible la equidad.

Peculiaridades del caso

 Las circunstancias en las que se da el caso son de lo más interesantes y su consideración es esencial para valorar el posible derecho de réplica.

 En primer término debe tenerse en cuenta que quienes se encuentran involucradas son personas que con motivo de su trabajo en medios electrónicos desarrollan funciones periodísticas y de espectáculos. La ocupación es relevante para determinar lo que podría ser un estándar respecto a las críticas o los juicios que a tales personas se formulan en el desempeño de sus actividades profesionales.

 Para explicar lo anterior, puede ser útil la analogía con los referentes en materia de libertad de expresión. Cuando se trata de personajes públicos o de políticos, se suelen emplear criterios de “escrutinio estricto” o de la necesidad de un debate “robusto”  para justificar un tratamiento distinto respecto de quienes no se encuentran en tal posición. Que sean sometidos a una crítica más fuerte se considera razonable.

 Otro de los aspectos involucrados en el caso, es que en los hechos se presentan cuestiones relacionadas con el posible uso de recursos públicos así como que Laura Bozzo se ostentó públicamente con un uniforme perteneciente a un cuerpo de rescate. Lo anterior, le da un agregado que va más allá de un asunto entre privados. Se está ante una cuestión de interés público. La notoriedad fue buscada deliberadamente y la crítica es una consecuencia esperada.

 Finalmente, habrá que preguntarse si se presenta una situación de inequidad o desequilibrio entre las partes.  Ambas tienen acceso a medios electrónicos,  a micrófonos y pantalla, y han hecho uso  de ellos para establecer su posición. Si esto es así, la finalidad de la réplica se relativiza ya que es cuestionable que exista inequidad o desequilibrio a reestablecer.

 


[2] Véase al respecto Rosas M., A. “ ¿Derecho de rectificación, derecho de respuesta o derecho de réplica?” localizable en http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInformacion/18/art/art3.pdf

[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC 7/86 de 29 de agosto de 1986

 

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